Por: Yimi Guerrero
La República Dominicana carece de un plan nacional de viviendas que permita enfrentar el déficit que se estima sobrepasa el millón de casas. Otro problema es la ilegalidad en que vive la mitad de la población, que no tiene títulos de propiedad de los terrenos que habita.
Se estima que más del 50% de la población no tiene títulos de propiedad y que entre el 55% y el 65% reside en viviendas construidas sin autorización, según un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Apunta que el déficit habitacional cuantitativo estimado en 2009 es de 441,000 viviendas y el cualitativo es de 633,000 viviendas.
El PNUD advierte que la inseguridad en la tenencia de terrenos, entre otras cosas, provoca que las familias vivan en constante temor a ser desalojadas. “Eso las induce a invertir sus limitados ingresos en electrodomésticos y muebles para el hogar, antes que en el mejoramiento significativo de sus casas, con lo que se perpetúan las condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad en que habitan”, explica el informe “Política social: capacidades y derechos”, en su volumen II.
La situación es agravada por el desempleo que caracteriza a esos pobladores, quienes no cuentan con recursos suficientes, ni con las facilidades de crédito, para acceder a una vivienda digna.
El estudio indica que los proyectos de viviendas económicas del sector privado oscilan entre un millón y 1.6 millones de pesos; para obtener un financiamiento se necesita al menos el 20% del valor del inmueble y pagar cuotas mensuales de entre RD$13,000 y RD$19,600. Esos datos evidencian la imposibilidad que tiene la mayoría de los dominicanos de adquirir una de las denominadas “viviendas económicas”.
La República Dominicana carece de un plan nacional de viviendas que permita enfrentar el déficit que se estima sobrepasa el millón de casas. Otro problema es la ilegalidad en que vive la mitad de la población, que no tiene títulos de propiedad de los terrenos que habita.
Se estima que más del 50% de la población no tiene títulos de propiedad y que entre el 55% y el 65% reside en viviendas construidas sin autorización, según un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Apunta que el déficit habitacional cuantitativo estimado en 2009 es de 441,000 viviendas y el cualitativo es de 633,000 viviendas.
El PNUD advierte que la inseguridad en la tenencia de terrenos, entre otras cosas, provoca que las familias vivan en constante temor a ser desalojadas. “Eso las induce a invertir sus limitados ingresos en electrodomésticos y muebles para el hogar, antes que en el mejoramiento significativo de sus casas, con lo que se perpetúan las condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad en que habitan”, explica el informe “Política social: capacidades y derechos”, en su volumen II.
La situación es agravada por el desempleo que caracteriza a esos pobladores, quienes no cuentan con recursos suficientes, ni con las facilidades de crédito, para acceder a una vivienda digna.
El estudio indica que los proyectos de viviendas económicas del sector privado oscilan entre un millón y 1.6 millones de pesos; para obtener un financiamiento se necesita al menos el 20% del valor del inmueble y pagar cuotas mensuales de entre RD$13,000 y RD$19,600. Esos datos evidencian la imposibilidad que tiene la mayoría de los dominicanos de adquirir una de las denominadas “viviendas económicas”.