Por Tito Valenzuela
Santo Domingo. Rep. Dom.- El presidente de la filial Los Mina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), periodista Ochar G. Santana, advirtió al presidente Danilo Medina evitar un escándalo internacional ordenando al jefe de la Policía, mayor general Nelson Peguero Paredes, que realice una investigación para identificar y sancionar a los militares que apresaron, torturaron e intentaron asesinar a un haitiano y que luego dejaron en estado agónico en unos matorrales del kilómetro 9 de la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este.
Indicó el comunicador que según los informes de que dispone el haitiano Arcenes Ceneus (Wilson Celiant) habría sido apresado por una patrulla de militares el 22 del mes pasado comandada por un presunto coronel de nombre José Pérez, quienes supuestamente lo esposaron y al llegar a los matorrales lo amordazaron, golpearon, le propinaron varios machetazos, le sustrajeron RD$16 mil y sus documentos personales.
“Esos supuestos militares habrían tomado esta actitud criminal en contra de esta persona porque presuntamente éste se había robado unos gallos y era buscado para que respondiera por el hecho. Sin embargo, entendemos que no era la actitud correcta ya que para eso está la justicia y no tomarla en sus propias, y con lo cual violentaron los derechos de ese nacional haitiano”, expresó.
Santana sostiene que la versión de los familiares del haitiano asegura que éste sobrevivió porque un ciudadano que cruzaba por el lugar donde fue dejado abandonado lo vio entre los matorrales y se comunicó con el servicio de emergencias del 911 desde donde fue trasladado al hospital Darío Contreras donde recibió atenciones médicas y le quitaron las esposas.
El presidente de la filial Los Mina de la CNDH expresó que ante este horrendo hecho el presidente Medina está obligado a ordenar al jefe policial y al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, sendas investigaciones para que, los implicados en torturar a Arcenes Ceneus sean sancionados de acuerdo a las leyes dominicanas para evitar que otro escándalo de racismo perturbe la actual situación de convivencia pacífica entre este país y Haití.