Por: La Redacción - Santo Domingo, R.D.-
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En medio de un proceso matizado por la presencia de miles de personas reclamando justicia por el fraude a los consumidores en la venta del GLP, el Tribunal Superior Administrativo aplazó para el 30 de octubre el conocimiento de la
medida cautelar interpuesta por cinco envasadoras de Gas Licuado de
Petróleo de la empresa Propagas (Propano y Derivados) contra Pro
Consumidor.
Con
el recurso cautelar, Propagas busca que el Tribunal Superior
Administrativo, presidido por la magistrada Delfina Amparo De León
Salazar, deje sin efecto las resoluciones mediante las cuales Pro Consumidor multa a las cinco envasadoras de Propano y Derivados por irregularidades en la venta del GLP a los usuarios.
La
magistrada De León Salazar aplazó para el 30 de octubre el conocimiento
del proceso en rechazo a una solicitud de la parte recurrente, en el
sentido de que se hacía necesaria la celeridad del proceso, desconociendo
que con ello se violentaba el debido proceso porque no se completó la
notificación de los intervinientes voluntarios y forzosos (La FENATRANO Y
DIGENOR) en el caso.
Durante
la audiencia la abogada Miriam Paulino, interviniente voluntaria de las
Asociaciones de Consumidores, planteó la necesidad del aplazamiento
porque las partes, incluyendo a intervinientes voluntarios, están
obligadas a saber las intenciones de quienes participan en el proceso.
Escuchados
los alegatos de la parte recurrente y de Pro Consumidor, la magistrada
aplazó el conocimiento del caso para el 30 de octubre, a los fines de
que se haga la notificación completa sobre los intervinientes
voluntarios y forzosos en el caso, de modo que se pueda garantizar el
debido proceso.
Pro
Consumidor está representada en el caso de las medidas cautelares
interpuestas por Propano y Derivados (Propagas) por su consultor
jurídico, licenciado Félix Pujols y los abogados Reyna Matos, David La
Hoz y Joaquín Zapata; así como por los abogados Miriam Paulino y Jesús
Colón como intervinientes voluntarios en representación de las
Asociaciones de Consumidores.
También,
por los abogados Juan Dionisio Rodríguez Restituyo y José Vilorio por
la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), así
como por el abogado Hugo Minaya por la Dirección General de Normas y
Sistemas de Calidad (DIGENOR) como interviniente forzoso.
En
cumplimiento de la Ley, Pro Consumidor logró embargar las cuentas de
las cuatro envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por RD$8
millones 699 mil pesos, al negarse a pagar las multas por venta
irregular del carburante.
Las
plantas, de la empresa PROPAGAS, están ubicadas en el kilómetro 9 de la
autopista Duarte; Los Girasoles; Santiago y Jarabacoa. En la del
kilómetro 9, de 16 dispensadores, once estaban alterados en perjuicio de
los consumidores.
La
primera fue multada con 500 salarios mínimos equivalente a 2 millones
558 mil 500 pesos, por tener once dispensadores alterados de 16 que hay
en la planta; la segunda con 50 salarios mínimos, 255 mil 875 pesos; la
tercera con 511 mil 750 pesos, la cuarta, con 511 mil 750.
De once envasadoras que Pro Consumidor multó,
las únicas que no han consagrado el pago son las de PROPAGAS, que ha
rehusado pagar por la irregularidad cometida en perjuicio de los
consumidores, lo que motivó que se le embargara las cuentas bancarias